La denuncia de ilegitimidad y la habilitación de la instancia judicial
Si bien los plazos para recurrir los actos administrativos son perentorios, la ley la ley 19549, en su art. 1, inc. E), ap 6), admite su tratamiento mediante la denuncia de ilegitimidad, constituyendo en definitiva un medio excepción de impugnación. La Administración puede estimar o desestimar su...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Jornada |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho de Ciencias Sociales y Políticas
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/54776 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Si bien los plazos para recurrir los actos administrativos son perentorios, la ley la ley 19549, en su art. 1,
inc. E), ap 6), admite su tratamiento mediante la denuncia de ilegitimidad, constituyendo en definitiva un
medio excepción de impugnación. La Administración puede estimar o desestimar su tratamiento –
invocando motivos de seguridad jurídica o estar excedidas razonables pautas temporales (primer acto) y,
en caso darle tramite, debe resolver el fondo de la cuestión (segundo acto) estimando o desestimándolo. La
Ley nada dice respecto de la posibilidad de impugnación en sede judicial en caso de desestimarse la
denuncia la de ilegitimidad. Existen diferentes corrientes doctrinarias al respecto. Hay quienes consideran
que de ninguna manera puede vedarse el acceso a la justicia y con ello el control judicial de la actividad
administrativa, y quienes, por el contrario, entienden que la ley es tajante: una vez vencidos los plazos para
la impugnación recursiva, se extingue el derecho a recurrir y con ello, no se podría agotar la vía
administrativa, requisito fundamental para acceder a la vía judicial. Al respecto se ha expedido la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, adoptando la segunda postura. Sin embargo, en estos tiempos de cambio
de perspectivas, de paradigmas y con una fuerte impronta del derecho constitucional y convencional, donde
se revalorizan principios, derechos y garantías de nuestra constitución convencionalizada, ese criterio de
nuestro máximo tribunal nacional debe ser al menos revisado y quizás reformulado. En virtud del bloque
de constitucionalidad toda persona debe tener derecho a la revisión judicial de actos que puedan violentar
derechos reconocidos por la Constitución (artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, norma
incorporada a la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22 tras la reforma de 1994, y antes de ella por la
garantía contenida en el art. 28 de la CN).-
Por ello, el acceso a la Justicia no debe ser restringido a partir de interpretaciones restrictivas de la
legislación vigente, siempre que pueda efectuarse una interpretación que armonice el más amplio derecho
del particular a ocurrir ante los estrados judiciales en defensa de sus intereses debe optarse por ella. |
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