Criterios normativos para la determinación de la capacidad de culpabilidad de personas con padecimientos mentales
El presente trabajo plantea la necesidad de incorporar pautas normativas, emanadas de instrumentos tanto nacionales como internacionales, para la determinación de la capacidad de culpabilidad cuando se trate de personas con afecciones de salud mental. Se plateó como objetivo identificar las disposic...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Reunión |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53665 |
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Salud mental Criminalización secundaria Derechos humanos Quincose Vilalta, Andrea María Criterios normativos para la determinación de la capacidad de culpabilidad de personas con padecimientos mentales |
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Salud mental Criminalización secundaria Derechos humanos |
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El presente trabajo plantea la necesidad de incorporar pautas normativas, emanadas de instrumentos tanto nacionales como
internacionales, para la determinación de la capacidad de culpabilidad cuando se trate de personas con afecciones de salud mental.
Se plateó como objetivo identificar las disposiciones y principios normativos que condicionan el abordaje de casos en que deba
determinarse la capacidad de culpabilidad de personas con afecciones de salud mental, como parte del proceso de criminalización
secundaria efectuado por jueces y tribunales de sentencia.
Para ello, se llevó adelante una investigación de carácter exploratoria y descriptiva, y se utilizó como metodología principal el método
cualitativo, sobre la base del estudio bibliográfico. Se efectuó la sistematización y análisis de fuentes diversas, destacándose la
bibliografía específica, mediante la lectura de doctrina cualificada en el tema, normativa nacional e internacional y recomendaciones
de órganos especializados en el área de salud mental.
La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 ha sido sancionada en el año 2010 para regular el sus aspectos esenciales, los
derechos y garantías de las personas con padecimientos de salud mental, incluidas aquellas que se enfrenten al aparato punitivo
estatal. A ella se aúnan la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y “Las 100 Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad”, para el establecimiento de este estándar mínimo.
Partiendo de diferentes escuelas y por lo tanto, de distintas premisas fundantes, autores como Günther Jakobs y Raúl Zaffaroni
incorporan a la categoría de culpabilidad, conceptos como el de exigibilidad y culpabilidad por vulnerabilidad respectivamente. En
este orden, desde la doctrina se viene proponiendo hace más de 20 años el abordaje de lo que luego se convertiría en derecho
positivo y normas de soft law, propendiendo a una determinación de la capacidad de culpabilidad respetuosa de los estándares
mínimos en materia de salud mental y derechos humanos.
La Ley de Salud Mental, la Convención y las Reglas se presentan no solo como leyes posteriores (en relación al Código Penal) sino
también como leyes especiales por la especificidad de la materia. Asimismo, ante la falta de incorporación como pautas de análisis
por parte de la doctrina penal clásica o tradicional, debe ponerse de resalto por un lado la evolución de las ciencias penales en este
sentido, y por otro la subordinación de la dogmática como fuente ante el derecho positivo.
Aceptando como premisa que la capacidad de culpabilidad es abarcativa de más amplios conceptos que los tradicionales, nada
obsta a que en casos de dictámenes periciales psiquiátricos no concluyentes, los jueces y tribunales de sentencia puedan apreciar la
inexigibilidad de superiores niveles comprensión o de conducción de la acción, para excluir la aplicación de pena en el caso
concreto.
El ejercicio de esta potestad se presenta como un deber, toda vez que las normas que imponen un tratamiento diferenciado para la
resolución de casos en que se involucren personas con padecimientos de salud mental son superiores a las leyes, específicas y de
orden público.
En este sentido, debe remarcarse que la finalidad de las mismas es la protección y resguardo de quienes se encuentran en una
situación de vulnerabilidad derivada de su condición. Por lo tanto, las presunciones respecto a la capacidad no pueden operar en
contra de quien presenta cualquier tipo de trastorno mental para hacerlo destinatario de una respuesta más severa por parte del
Estado. |
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