Presente y Futuro de los Servicios Públicos Energéticos

En general, los servicios públicos se caracterizan por ser actividades capital-intensivas, con fuertes costos hundidos y características de monopolios naturales. Asimismo, por lo imprescindibles que resultan para los hogares y las actividades productivas, afectan la sensibilidad social e impactan...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Di Pelino, Andrés Ernesto, Einstoss, Alejandro, Sicra, Alejandro, Dadone, Irina
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Belgrano. Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos - CERES 2016
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/8240
Aporte de:Repositorio Institucional - Universidad de Belgrano (UB) de Universidad de Belgrano Ver origen
Descripción
Sumario:En general, los servicios públicos se caracterizan por ser actividades capital-intensivas, con fuertes costos hundidos y características de monopolios naturales. Asimismo, por lo imprescindibles que resultan para los hogares y las actividades productivas, afectan la sensibilidad social e impactan en la calidad de vida de las familias, la producción industrial y agrícola, y el consumo. La actividad regulatoria puede considerarse como unos de los temas centrales de toda política económica. La regulación es una forma de intervención pública que restringe, influye o condiciona las actuaciones de los agentes económicos (tanto productores como consumidores), y los obliga a que actúen de manera distinta a como lo harían si tal regulación no existiera. En este sentido, los marcos regulatorios del gas natural, la electricidad, el transporte, las telecomunicaciones y los hidrocarburos son ejemplos de intervención estatal en la determinación de los precios y tarifas de acceso a la energía, los valores de interconexión a la red de comunicaciones, el costo de conexión a la red de gasoductos o la determinación de los precios y tarifas de autopistas y rutas. Por lo tanto, deben ser aprobados por instituciones públicas de regulación o bien, si son pactados libremente entre las partes intervinientes, someterse a la vigilancia y arbitraje de organismos reguladores.