Corrupción, política y narcotráfico

La opinión pública sostiene que la corrupción de los políticos es responsable de la decadencia de la democracia y con este argumento defiende su desinterés hacia todo lo público. Ante este comportamiento tan poco republicano, se busca la solución en legislaciones complejas que anulen las ventaja...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Emmerich, Norberto
Formato: Working Paper
Lenguaje:Inglés
Publicado: Universidad de Belgrano. Departamento de Investigaciones. Documentos de Trabajo, Facultad de Estudios para Graduados 2014
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/2447
Aporte de:Repositorio Institucional - Universidad de Belgrano (UB) de Universidad de Belgrano Ver origen
Descripción
Sumario:La opinión pública sostiene que la corrupción de los políticos es responsable de la decadencia de la democracia y con este argumento defiende su desinterés hacia todo lo público. Ante este comportamiento tan poco republicano, se busca la solución en legislaciones complejas que anulen las ventajas a las que ilegítimamente podrían aspirar los funcionarios públicos. Sin embargo, el resultado de este intrincado estado de derecho son instituciones que llenan a la de-mocracia de promesas incumplidas, plantean la utopía de un poder controlado por la ley y despolitizan la política. La reducción de la cosa pública a sus delimitaciones legales pretende sustituir el conflicto, carac-terístico del poder, y el consenso, característico de la política, por el derecho, característico de lo privado. El resultado es contradictorio, porque la lucha contra la corrupción de los funcionarios y la consecuente centralidad de la transparencia, supone “legalizar” los contratos y privatizar las políticas públicas, con el consentimiento expreso de la ley. De la corrupción de la política se pasa, con la venia del Estado de derecho, a la política corrupta, la única que permite la reproducción de nuestro sistema social capitalista. Quedará penado el soborno priva-do pero será legal una devaluación que recorte masivamente los ingresos salariales de los trabajadores. El narcotráfico se encuentra con este escenario que no ha creado, provocado ni incentivado. Pero del cual, en determinadas circunstancias, sabrá aprovecharse. Pero sólo lo hará por obligación, cuando la presión del Estado lo obligue a politizarse. En el contexto latinoamericano el narcotráfico es una actividad económica ilegal que se politiza cada vez más. En aquellos países donde el narcotráfico es todavía una actividad económica ilegal, o sea que no ha escalado al estadío político, tiende a convertirse en el aglutinador de toda la criminalidad organizada y monopoliza la agenda de seguridad. En estos países la corrupción que pueda ejercer el narcotráfico afecta a funcionarios individuales, generalmente policiales, pero no al aparato del Estado. En otros países, como México y Colombia, las políticas de guerra contra el narcotráfico obligaron a los carteles, tradicionalmente dedicados a la producción, tránsito y comercialización de drogas, a adoptar estrategias geopolíticas de sobrevivencia e ingresar en el circuito de la lógica comunicativa de la guerra. Como resultado de la presión estatal, tras un proceso de selección y utilizando toda la energía dis-ponible, los carteles separan lo propio de lo extraño, delimitan regiones y trazan fronteras, cada uno en busca de un “reconocimiento” para sí que nunca se concederá definitivamente al otro. Es un sistema reglado que nunca llega al clímax de la victoria o derrota definitivas, pues el enemigo de hoy es el aliado de mañana y se busca un equilibrio que haga imposible una hegemonía. En Colombia el proceso culminó en una cooptación del narcotráfico por parte del Estado nacional, cooptación que no incluyó a todos los grupos y dio origen a una segunda vuelta del proceso con el sur-gimiento de las Bacrim. En México, fronterizo con Estados Unidos, los carteles se encuentran en pleno proceso de politización, y su lógica de sobrevivencia implica el reforzamiento de las alianzas y una novedosa utilización de las protestas sociales (dentro de las que se incluyen reclamos de sectores burgueses desplazados) como vehículo de satisfacción de sus propios intereses, como ha sucedido en el proceso de autodefensas en Michoacán.