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Esta tesis se inscribe en el campo de estudios que han volcado su atención hacia la creciente gravitación de la justicia y el derecho sobre la conflictividad social y los asuntos políticos. Conocido en el debate público y académico como judicialización, este fenómeno ha sido ampliamente abordado con...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Scharager, Andrés
Otros Autores: Merlinsky, María Gabriela
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales 2019
Materias:
Acceso en línea:http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=asopos&d=242057-2187_nul
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description Esta tesis se inscribe en el campo de estudios que han volcado su atención hacia la creciente gravitación de la justicia y el derecho sobre la conflictividad social y los asuntos políticos. Conocido en el debate público y académico como judicialización, este fenómeno ha sido ampliamente abordado con relación a la predisposición de los jueces a involucrarse en la formulación de políticas, y en función de cómo los conflictos se transforman al insertarse en el campo del derecho. Sin embargo, son escasos los trabajos abocados a analizar los modos en que los fallos activistas –por ejemplo, aquellos que exigen la implementación de políticas– se convierten en problemas de política pública.\n\nEl objetivo aquí es examinar los conflictos y controversias suscitados en los procesos de implementación de políticas judicializadas, allí donde se entrecruzan las lógicas jurídicas, sociales y político-institucionales. En última instancia, se apunta a indagar en los efectos de largo alcance de la judicialización para con las formas de desenvolvimiento de los conflictos y la producción de la acción pública.\n\nLa tesis se focaliza en los sucesos iniciados en el año 2010 cuando, en el marco de la ejecución de una sentencia por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, un juez federal les ordenó a los gobiernos condenados que despejasen la ribera de obstrucciones con el fin de abrir una vía de libre circulación (o “camino de sirga”) a lo largo del río. Al aducir que su creación era una medida indispensable para facilitar el saneamiento, el magistrado dispuso la reubicación de las personas que allí vivían, en su mayoría habitantes de villas y asentamientos que se extendían hasta los márgenes del curso de agua.\n\nLa orden de relocalización emitida por el juez se presentó como un paso más hacia la clausura del conflicto por el deterioro ambiental, pero catalizó uno nuevo signado por el desplazamiento de la población. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿de qué modos se redefinió el problema al salir de los tribunales y volcarse al terreno de la formulación e implementación de políticas? ¿Cómo se imbricó la formulación jurídica de la cuestión con los intereses y estrategias de los actores implicados en el proceso judicial? ¿Cuáles fueron sus efectos en relación a las dinámicas sociales presentes en los territorios ribereños?\n\nLa tesis, centrada en el caso de las relocalizaciones llevadas a cabo en la ciudad de Buenos Aires, se basa en un diseño de investigación cualitativo. Éste implicó la utilización de instrumentos de recolección de información tales como observaciones participantes y no participantes, entrevistas en profundidad y análisis de documentos. Asimismo, se adoptó una estrategia de triangulación intramétodo que requirió el uso de fuentes tanto primarias como secundarias.\n\nA partir de esta metodología, se abordan tres objetivos específicos. En primer lugar, se analizan las controversias jurídicas suscitadas en el proceso de emergencia de las resoluciones que ordenaron la puesta en marcha de políticas de relocalización. En segundo lugar, se caracterizan los conflictos socioterritoriales catalizados durante la implementación de las relocalizaciones en relación con las estrategias llevadas a cabo por los afectados y sus defensores para sostener sus demandas. En tercer lugar, se examinan los dispositivos y mecanismos institucionales creados por los condenados para dar cumplimiento a las políticas ordenadas por la justicia, identificando sus límites y potencialidades para la tramitación de los conflictos. En última instancia, la sumatoria de estos objetivos permite comprender de qué manera el traslado de población de la ribera del Riachuelo como problema judicial se transformó al institucionalizarse y territorializarse.
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