La evaluación técnica en el concierto social para la prestación de servicios sociales: criterios cualitativos y garantías de la buena administración
El concierto social, en el ámbito de los servicios sociales, se ha consolidado como un mecanismo para la provisión de servicios de responsabilidad pública a través de entidades privadas, principalmente del tercer sector social, al margen de los procedimientos clásicos de contratación administrativa....
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo revista |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Litoral
2025
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/index/article/view/15229 |
| Aporte de: |
| Sumario: | El concierto social, en el ámbito de los servicios sociales, se ha consolidado como un mecanismo para la provisión de servicios de responsabilidad pública a través de entidades privadas, principalmente del tercer sector social, al margen de los procedimientos clásicos de contratación administrativa. Esta singularidad exige reforzar los mecanismos de evaluación técnica para garantizar la calidad de los servicios, la objetividad en la selección de las entidades prestadoras y la adecuada protección del interés general. Este trabajo analiza la evaluación técnica en el concierto social, centrando la atención en el papel de los criterios cualitativos y en el ejercicio de la discrecionalidad técnica por parte de las Administraciones públicas. Se examina, en particular, la función de los órganos técnicos de evaluación, la naturaleza de los juicios sujetos a valoración cualitativa y los límites que impone el principio de buena administración para evitar decisiones arbitrarias o insuficientemente motivadas. Asimismo, se aborda la integración de perfiles técnicos especializados en los órganos evaluadores, concretamente, la aportación del trabajo social como perfil cualificado para valorar la adecuación de los servicios a las necesidades sociales, la efectividad de las intervenciones y su orientación a los derechos de las personas usuarias, desde una lógica compatible con las exigencias del derecho administrativo. Finalmente, se propone una sistematización de criterios cualitativos aplicables a las distintas fases del concierto social, para contribuir a una gestión pública de los servicios sociales más coherente con los principios de calidad, objetividad y buena administración. |
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