Control de condicionalidades y suspensión de las transferencias monetarias condicionadas en Uruguay : reflexiones a partir de su anuncio mediático [Separata] /

El actual gobierno uruguayo -integrado por una coalición de partidos de derecha, asume el gobierno, existiendo un sistema institucionalizado de transferencias monetarias condicionadas: las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM - PE). En 2021, este gobierno realiza el primer control de la...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Baráibar Ribero, Ximena (Autor)
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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520 |a El actual gobierno uruguayo -integrado por una coalición de partidos de derecha, asume el gobierno, existiendo un sistema institucionalizado de transferencias monetarias condicionadas: las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM - PE). En 2021, este gobierno realiza el primer control de las condicionalidades. En julio 2022, se anuncia el control y suspensión de las AFAM - PE para quienes no estuvieran concurriendo a los centros educativos. Este, a diferencia del primer control, tendrá un importante alcance mediático dadas las comunicaciones del ministro de Desarrollo Social (MIDES), Martín Lema. Este artículo de investigación tiene como objetivo caracterizar y analizar ese anuncio de control y suspensión. Se considera un objetivo relevante para el caso uruguayo en tanto no existe documentación que ordene el conjunto de aspectos vinculados a este episodio. Asimismo, contribuye a dar cuenta de la orientación del actual gobierno sobre la pobreza y la política pública. Más allá de esto, se entiende que la importancia del objetivo, trasciende a Uruguay. Los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) son la principal política dirigida a la población en situación de pobreza. Este trabajo procura aportar al debate sobre estos programas, específicamente sobre las condicionalidades. La estrategia metodológica se sustenta en fuentes secundarias. Se analizan documentos del Partido Nacional y del gobierno y las páginas web del MIDES y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como declaraciones realizadas por autoridades del gobierno y difundidas por los medios masivos de comunicación. Se concluye que la medida -y particularmente su carácter mediático-, obedecen a argumentos de economía política, esgrimidos a favor de las condicionalidades. El ministro Lema procura mostrar que los dineros públicos están siendo ‘cuidados’ y que se está haciendo cumplir la ley. Lo hace de una forma que contribuye a consolidar la responsabilización de los pobres por su pobreza y a sospechar de ellos. 
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