¡No+AFP! Problemáticas estructurales del sistema de jubilación chileno [Separata] /

Bajo la consigna de No + AFP, los días 24 de julio y 21 de agosto de 2016, se llevaron a cabo dos grandes e inéditas movilizaciones ciudadanas en reclamo por los problemas estructurales del Sistema Privado de Jubilación Chilena. Un hecho puntual que desató estos auges de protesta: Ema Myriam Olate,...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Soto Pimentel, Verónica Paz (Autor)
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11336/115676
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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520 |a Bajo la consigna de No + AFP, los días 24 de julio y 21 de agosto de 2016, se llevaron a cabo dos grandes e inéditas movilizaciones ciudadanas en reclamo por los problemas estructurales del Sistema Privado de Jubilación Chilena. Un hecho puntual que desató estos auges de protesta: Ema Myriam Olate, ex funcionaria de Gendarmería y esposa del diputado socialista y actual Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, recibe como pensión $5.000.000 de pesos chilenos (U$S 7.140 aprox.), en un contexto donde casi el 91% de los jubilados recibe menos de 150.000 pesos chilenos (U$S 214 aprox.).Este hecho, provocó que la ciudadanía sacara a la luz las problemáticas estructurales del Sistema Previsional chileno: un sistema que reproduce la desigualdad social del país, donde el 20% de la población más rica se apropia del 80% de las riquezas del país, y donde el Estado es garante de un modelo económico que genera exclusión y desigualdad. Así, los chilenos y chilenas se acoplaban al petitorio de un conjunto de organizaciones sociales que, concertadas en la Coordinadora NO+AFP, proponen el tránsito hacia un Sistema de Público de Reparto con aportes tripartitos donde los trabajadores puedan mejorar sus pensiones actuales y futuras. Se trata de un cambio estructural y gradual, donde los ahorros de los trabajadores no serían expropiados, como se dice en los medios de comunicación, sino que éstos podrían optar por un beneficio definido, cuyo aporte faltante será financiado por el Estado. Beneficio, que constituiría el 65% del sueldo en el período laboral activo, en comparación con el 30% al que pueden acceder los trabajadores actualmente. 
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