Crónica de una prisión anunciada ; Chronicle of an announced prision
El presente artículo tiene por objeto intentar exhibir y evidenciar a partir de un caso real las consecuencias de las tensiones existentes entre las facultades que emergen en la Ley 26061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) en favor de los organismos admin...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | publishedVersion Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Jurídicas (Salta)
2025
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| Acceso en línea: | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=80078 |
| Aporte de: |
| Sumario: | El presente artículo tiene por objeto intentar exhibir y evidenciar a partir de un caso real las consecuencias de las tensiones existentes entre las facultades que emergen en la Ley 26061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) en favor de los organismos administrativos concebidos como autoridad de ejecución y las que legalmente asigna a los jueces penales la Ley 22278 (Régimen Penal de la Minoridad). En concreto, la finalidad es ejemplificar como la pasividad e inacción —que muchas veces se esconde bajo el ropaje de una superposición de las facultades previstas en las distintas leyes que entran en juego, que en la realidad no es tal— conspira contra el interés superior del niño por el que el Estado debe velar (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, artículo 3, de jerarquía constitucional por lo dispuesto en la Constitución de la Nación Argentina, 1994, artículo 75, inciso 22).
The purpose of this article is to try to exhibit and demonstrate from a real case the consequences of the existing tensions between the powers that emerge in Law 26061 (Comprehensive Protection of the Rights of Children and Adolescents) in favor of the administrative bodies conceived as executing authority and those legally assigned to criminal judges by Law 22278 (Minority Criminal Regime). Specifically, the purpose is to exemplify how passivity and inaction —which are often hidden under the guise of an overlap of powers provided for in the various laws that come into play, which in reality is not the case— conspires against the best interests of the child for which the State must ensure (article 3 of the Convention on the Rights of the Child of constitutional hierarchy as provided in article 75, paragraph 22 of the National Constitution). |
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