De guardianes de derechos a cómplices del terror. Dictadura, poder judicial y justicia transicional en el Comahue

Este artículo examina el modo en que se articuló la complicidad judicial con el terrorismo de Estado en la región del Comahue durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), así como los mecanismos sociales e institucionales que se desplegaron para enfrentarla. A partir del estudio...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Goñi, Juan Cruz
Formato: Articulo article acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2025
Materias:
Acceso en línea:https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/19182
Aporte de:
Descripción
Sumario:Este artículo examina el modo en que se articuló la complicidad judicial con el terrorismo de Estado en la región del Comahue durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), así como los mecanismos sociales e institucionales que se desplegaron para enfrentarla. A partir del estudio del caso de la Subzona Militar 5.2 —que abarcó la totalidad de la provincia de Neuquén y buena parte de la provincia de Río Negro—, se analizan las estrategias de reconfiguración del poder judicial implementadas por el régimen autoritario para asegurar la cobertura legal de la represión y garantizar la impunidad de sus crímenes. Al mismo tiempo, el trabajo reconstruye las respuestas sociales construidas frente a estas prácticas, tanto las acciones impulsadas por víctimas, familiares y organismos de derechos humanos durante la dictadura, como las iniciativas promovidas en democracia para revertir la impunidad y llevar a juicio a los responsables, incluyendo a funcionarios judiciales. Basado en fuentes judiciales, archivos históricos, testimonios e informes de organizaciones de derechos humanos, el estudio se propone contribuir a una comprensión situada de las relaciones entre poder judicial, dictadura y democracia, y a reflexionar sobre los desafíos de construir una justicia transicional que amplíe los márgenes de responsabilidad institucional frente a crímenes de Estado.