La incorporación de la figura del tercero no conviviente como denunciante en la Ley Nº 6.672 de violencia familiar

La violencia intrafamiliar es un problema social grave y real, es el drama oculto de muchos hogares; violencia contra las mujeres, contra el hombre, maltrato infantil, violencia filio-parental y abuso de ancianos. La provincia de Mendoza se adhiere a la Ley Nacional 26.485, sancionando el 16/11/10,...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fuentes, María Noelia
Otros Autores: Fontemachi, María .
Formato: Tesis doctoral publishedVersion Tesis de Doctorado
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Psicología 2019
Materias:
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/785
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Descripción
Sumario:La violencia intrafamiliar es un problema social grave y real, es el drama oculto de muchos hogares; violencia contra las mujeres, contra el hombre, maltrato infantil, violencia filio-parental y abuso de ancianos. La provincia de Mendoza se adhiere a la Ley Nacional 26.485, sancionando el 16/11/10, la Ley 8226 – Protección Integral, Prevención, Sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, adhesión a la Ley Nacional 26.485. En cuanto a quiénes pueden realizar la denuncia, sigue rigiendo la Ley Provincial Nº 6.672 Ley de violencia familiar del 20/04/1999, que contempla que cuando se trata de adultos víctimas de violencia, solamente se encuentra legitimado/a para entablar la denuncia el propio damnificado/a o un tercero/a que conviva con los mismos. Cuando se hace público el hecho de violencia por lesiones o muerte de la/s víctima/s, generalmente existe el testimonio de el o los terceros que no conviven con los mismos, que conocían esta situación y que no son denunciantes legales. El objetivo general es Proponer la apertura de la legitimación activa en la Ley Nº 6.672 de Violencia Familiar – (Provincia de Mendoza) respecto de cualquier persona que -aún ajena a la situación de violencia- pudiera denunciar en lugar de la víctima, cuando esta sufriera imposibilidad física o psíquica para realizarla. En esta Investigación mixta, una encuesta realizada a 65 participantes del departamento de San Rafael, Mendoza, de ambos sexos, muestra que las víctimas se sienten desamparadas por parte de la ley, instituciones, vecinos y familiares, testigos que suelen presentar cierta resistencia a tomar partido en los conflictos de la familia problemática, vivida como un espacio de privacidad en el cual no se debe intervenir. Un 22% sabe quiénes pueden formular denuncia legal en situaciones de violencia de género. La casi inexistencia de denuncias de victimas u otro conviviente, el análisis cualitativo de la entrevista a una abogada especialista y del testimonio de una víctima indican que es urgente buscar una modificación en la Ley que logre una mayor participación social, a la vez que elaborar e implementar las políticas públicas necesarias de prevención, protección a las víctimas y sanción a los victimarios.