Violencia sexual como política de Estado: el caso del Régimen de Excepción en El Salvador

El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición por redes sociales del presidente Nayib Bukele, decretó un Régimen de Excepción para detener los homicidios que se generaron después de la ruptura de un pacto clandestino entre las Maras mayoritarias y el Ejecutivo. Este Régimen ha sido pro...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Arévalo, Amaral
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia 2025
Materias:
Acceso en línea:https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/50906
Aporte de:
Descripción
Sumario:El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición por redes sociales del presidente Nayib Bukele, decretó un Régimen de Excepción para detener los homicidios que se generaron después de la ruptura de un pacto clandestino entre las Maras mayoritarias y el Ejecutivo. Este Régimen ha sido prorrogado 37 veces hasta abril de 2025, transformado la “excepción” en política pública. Este texto tiene como objetivo analizar el fenómeno de la violencia sexual presente en la aplicación del Régimen de Excepción promovido por la administración Bukele como política pública de control social desde marzo de 2022. Utilizando una metodología cualitativa se aplicó como técnica principal el análisis documental. Destaco que, a nivel institucional, la violencia sexual se transformó en una herramienta que utilizaron los cuerpos uniformados de control y vigilancia social, como parte de las acciones ejecutadas por el Régimen de Excepción. Existe una reviviscencia de la Teoría del Exceso que el Estado reconoce parcialmente por medio de la presencia de “malos elementos” y un “margen de error”. A nivel simbólico, la violencia sexual se manifestó como un acto político represivo que inscribió en los cuerpos de más de 85,500 niñas, mujeres, hombres y personas LGBTI+ el renacer de un nuevo régimen totalitario que se consolida por medio de una reelección presidencial inconstitucional en 2024.